Ciudadanos y jueces frente al cambio climático
¿Qué pasaría si los habitantes de los diferentes países del mundo, angustiados por el fracaso de sus gobiernos para detener el cambio climático mientras todavía hay tiempo, decidieran demandarlos judicialmente?
¿Qué pasaría si los habitantes de los diferentes países del mundo, angustiados por el fracaso de sus gobiernos para detener el cambio climático mientras todavía hay tiempo, decidieran demandarlos judicialmente?
Exactamente eso hicieron novecientos
ciudadanos holandeses, y ganaron. La histórica decisión, dictada en junio
pasado, está comenzando a inspirar demandas judiciales en otros países y podría
ser el preludio de un movimiento civil global para obligar a los gobiernos a
asumir su responsabilidad. Lo que suceda en los próximos meses determinará cuán
rápidamente tal victoria legal podría traducirse en políticas que reduzcan la
cantidad de CO2 en nuestro aire. Por ahora, en el estado de Washington, Estados
Unidos, un grupo de ciudadanos ganó un caso contra del Departamento de Ecología,
forzándolo a "…considerar el indiscutible avance científico actual
necesario para la recuperación del clima".
En el caso holandés, el
veredicto afirma que el gobierno está actuando ilegalmente al no hacer lo que
le corresponde "para prevenir las amenazas causadas por el cambio
climático y ocuparse de la protección y el mejoramiento del medio
ambiente". Para llegar a esa decisión, los jueces se basaron, y así lo
expresan en la sentencia, en el consenso científico de que sólo un descenso
rápido en las emisiones de CO2 puede prevenir un aumento de la temperatura
global de más de 2°C para finales del siglo XXI. El abogado holandés demandante,
Roger Cox, quien durante años ha sostenido que solamente las leyes podrán
salvarnos, comenzó a llorar en público después del veredicto de junio,
sobrecogido por el enorme significado de la victoria.
De no apelar la decisión,
lo cual le daría un respiro de dos años, el gobierno holandés tendrá cinco años
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% por debajo
de los niveles de 1990, lo que significa un reto formidable ya que sus
políticas actuales tienen como meta una reducción de sólo 16%.
La decisión de la corte holandesa
está en sincronía con el razonamiento legal detrás de los "Principios de
Oslo sobre Cambio Climático", divulgados al mismo tiempo que el caso iba a
la corte el pasado mes de marzo. Estos Principios son producto del trabajo de
un panel internacional de jueces y expertos legales provenientes de todo el
mundo, incluyendo Estados Unidos y China, los más contaminadores. El panel se
reunió en la capital noruega para responder a la pregunta: ¿Pueden los derechos
humanos y otros derechos requerir que un Estado reduzca sus emisiones de CO2,
incluso en ausencia de un tratado específico? La respuesta, que puede ser
interpretada como un llamado urgente y definitivo a la acción fue: "Independientemente
de la existencia o no de acuerdos internacionales, los gobiernos tienen en la
actualidad una obligación legal para prevenir los efectos dañinos del cambio
climático, en base a las leyes internacionales sobre derechos humanos,
protección del ambiente y daños civiles por abuso de poder".
Tales criterios
legales tienen el apoyo mayoritario de la ciudadanía –sobre todo en los países en desarrollo que ya
sufren los embates del fenómeno como Filipinas e Indonesia–, como lo revela
la reciente encuesta “Nuevos Frentes”, realizada por la Confederación Sindical
Internacional (CSI). La
Encuesta de la CSI preguntó a las personas de nueve países que representan la
mitad del PIB mundial, tanto desarrollados como en desarrollo, si consideraban
que los líderes del mundo entero deberían actuar, y cuándo, para prevenir que
la población mundial sufriese las consecuencias del cambio climático. Sus respuestas no
dejan lugar a dudas: 90%
quiere que los líderes tomen medidas para proteger a la comunidad internacional,
70% desea que esas medidas se tomen inmediatamente y 80% piensa que como máximo
deben tardar 12 meses.
Parece ser el inicio de una
nueva etapa donde los ciudadanos podrían valerse de los sistemas legales de sus
países para presionar a sus gobiernos en demanda del derecho a exigir que se proteja
al planeta de las amenazas que implica el cambio climático, lo que significará
que muy probablemente los políticos tendrán que comprometerse con ello, a
riesgo de no ser elegidos.
Fernando Travieso
Magaly Irady
Comentarios
Publicar un comentario