Brexit: ¿un “referéndum climático”?

La reciente decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, conocida como Brexit, tomó por sorpresa al mundo y a los principales analistas de política internacional. Aparte de las implicaciones económicas y sociales, surgen también dudas acerca de su impacto sobre el avanzado sistema de leyes ambientales que ha convertido a los países de ese grupo regional en líderes mundiales en el combate contra el cambio climático.

Cuando grandes contaminadores como los Estados Unidos y China evadían los pactos climáticos internacionales como el Protocolo de Kyoto, ya la UE disponía de normas comunes que obligaban a los estados a cumplir altos estándares en temas como la polución atmosférica, la depuración de aguas, el reciclaje o el consumo energético. Entre ellas, un mecanismo llamado Sistema de Intercambio de Emisiones para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero; abundantes reglamentaciones sobre el uso de químicos tóxicos; y consideraciones ambientales sobre la fabricación de productos que incorporan la idea de "responsabilidad del productor", una noción que exige conocer el ciclo completo de los productos desde su diseño, con la intención de prever su reciclaje.

Esas políticas, que conforman un sistema regulatorio integrado, con más de 400 leyes ambientales de gran impacto en los estados miembros, contaron siempre con el apoyo entusiasta de Reino Unido, país que junto a Francia y Alemania lideró la determinación europea en materia de cambio climático frente a países opuestos a aceptar limitaciones, al punto de defender la idea de reducir las emisiones para el 2030 en 50% y no en 40% como se acordó. De hecho, su participación fue clave en la significativa reducción del 24% con respecto a los niveles de 1990 que, según la Agencia Ambiental Europea, alcanzaron las emisiones de gases de efecto invernadero como respuesta a una creciente participación de las energías renovables en la mezcla energética, al uso de combustibles con menos CO2 y a una mejorada eficiencia energética.  

Ahora, la salida de la segunda economía más grande de la Unión podría significar un alejamiento de sus obligaciones pactadas en los acuerdos y tratados, toda vez que ya no tendrán implicaciones obligatorias en ese país, situación que preocupa aún más en el tema del cambio energético si se tiene en cuenta que en los últimos años el gobierno se ha ido distanciando de su apoyo a las energías limpias, como lo afirmó recientemente la Asociación de Energías Renovables de Reino Unido, en un informe donde plantearon incluso la posibilidad de que no se alcanzaran “…los objetivos  legalmente vinculantes de energías renovables para 2020”, los cuales, por cierto, fueron cuestionados por los partidarios de la salida de la UE durante la campaña para el referéndum.

Aunque aún es pronto para saberlo, parece haber consenso por parte de los reguladores, activistas de energías limpias y analistas, en torno a que el Brexit obstaculizará los esfuerzos de la UE dirigidos a reducir las emisiones de CO2 bajo el reciente acuerdo climático de París (COP21), lo que obligaría a recomponer las políticas de cambio climático en la Unión Europea y podría comprometer los deberes contraídos en ella, previstos de aplicar para 2020. De hecho, sin el apoyo del Reino Unido, ese grupo regional tendrá posiblemente que reajustar la repartición de los objetivos de reducción de emisiones por países que está previsto se anuncie el próximo 20 de julio.

Un referéndum donde al parecer todos pierden, especialmente el Reino Unido, país que además de los innumerables problemas de toda índole que deberá enfrentar a consecuencia de esa decisión, tendría que asumir unos costos de unos 500 millones de libras (casi 700 millones de dólares) anuales durante la década de 2020, como resultado de la incertidumbre que rodeará las inversiones energéticas y climáticas, según se plantea en el informe elaborado a instancias de la red británica National Grid, publicado en marzo pasado por Vivid Economics.

Una mala noticia para la transición mundial hacia una economía ecológica y el desarrollo sostenible, para los cuales la cooperación y la escala regional son clave.

Fernando Travieso

Magaly Irady