Después de París, los tribunales

Los ciudadanos tienen un papel protagónico que jugar para asegurarse el cumplimiento de los acuerdos derivados de la Cumbre de París 2015 ya que, a pesar de la importancia de lo que allí se suscribió, no se incluyeron —por ahora— penalizaciones legales que obliguen a las naciones a cumplir sus metas de reducción de emisiones.     

Tal vez por eso muchos ambientalistas creen que ahora le toca el turno a la justicia, lo que significa que los gobiernos de los países que no cumplan con los compromisos podrán ser llevados a juicio por sus propios ciudadanos, lo cual si bien no es común, tiene antecedentes. En efecto, a mediados del año pasado, el grupo ambientalista holandés Fundación Urgenda, abrió un camino hasta entonces insospechado: lograr que un tribunal de la Haya sentenciara a favor de casi 900 ciudadanos que 2 años antes habían introducido una denuncia donde le exigían al gobierno incrementar sus esfuerzos de reducción de emisiones. El juez dictaminó, efectivamente, que el planteamiento del gobierno de reducir las emisiones en un 17% (en comparación con los niveles de 1990) era insuficiente para tratar de limitar el aumento de la temperatura global a 2°C, por lo cual debía incrementarse hasta el 25% en los próximos cinco años. En la paradigmática sentencia, el juez Hans Hofhuis argumentó: "El Estado no se puede esconder tras el argumento de que la solución al cambio climático no depende sólo de los esfuerzos del gobierno holandés. Cualquier reducción de emisiones contribuye a la prevención de un cambio climático peligroso y, como una nación desarrollada, Holanda debería liderar este campo".

Casos similares han ocurrido en Bélgica, Filipinas y Nueva Zelanda, aunque se piensa que la avanzada legal se incrementará una vez que los acuerdos de París se hagan operativos en el 2020. El tema es que la justicia, por su capacidad democrática de movilización de la opinión pública, puede convertirse efectivamente en un vehículo para proteger a los ciudadanos de los efectos del cambio climático si los gobiernos no hacen lo suficiente para cumplir con las metas acordadas. Ello sería posible además porque aunque los acuerdos no estipulan sanciones para los incumplimientos, sí exigen que los países informen sobre sus emisiones y sus acciones para reducirlas; normas de transparencia que permitirán que la opinión pública esté informada y pueda actuar en caso de faltas a los compromisos.    

En estos momentos, el tema acerca de cómo las políticas sobre el cambio climático cumplen con el deber de los gobiernos de proteger a sus ciudadanos, comienza a ser motivo de debate en algunos ambientes especializados en legislación ambiental en los países desarrollados y se piensa que la balanza tenderá a inclinarse a favor de las personas. En tal sentido, Lucas Bergkamp, socio del bufete Hunto & Williams, con sede en Washington, comenta que al aumentar la percepción de los tribunales acerca de que el cambio climático es una amenaza existencial, y de que las políticas gubernamentales son insuficientes, los jueces se inclinarán cada vez más a decidir a favor de los activistas climáticos, porque de no hacerlo arriesgamos seriamente la permanencia humana en el planeta; según Bergkamp, ése es el enfoque adecuado.

Sin embargo, algunos países tienen sistemas legales que hacen que tales demandas sean menos probables. En el Reino Unido, por ejemplo, los casos que se llevan a los tribunales nacionales tienen que estar basados en leyes nacionales y en los Estados Unidos, la doctrina política tradicional alienta a los tribunales federales a no interferir con los otros poderes.

Pero más allá de las limitaciones y obstáculos que habrá que salvar, el incremento de los niveles de conciencia de la ciudadanía sobre los graves peligros del cambio climático —lo cual está ocurriendo globalmente— proveerá la energía necesaria para que los instrumentos de control de emisiones funcionen.

Fernando Travieso

Magaly Irady