París 2015: desafíos

La Conferencia de París sobre el Cambio Climático —conocida como COP21— ha reunido la enorme cifra de 150 jefes de Estado y de Gobierno, con la intención de lograr un acuerdo global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel que evite que la temperatura media global aumente en este siglo a más de 2 °C con respecto a la actual.

Si bien es cierto que nada de lo convenido allí bastará, por sí solo, para resolver el problema del calentamiento global, un acuerdo podría señalar un punto de inflexión, el inicio de una forma de intervención global indispensable para enfrentar la amenaza. Pero las cosas no son fáciles. La presencia de numerosos mandatarios durante la semana pasada, dio paso a los ministros y negociadores políticos de los países, encargados de terminar de alcanzar los acuerdos, pero desde ya se vislumbran al menos dos puntos cuya discusión persistirá hasta el final e incluso podría no cerrar.

Se trata de los controvertidos temas de quiénes asumen el costo económico y de la obligatoriedad jurídica del pacto. El primero de ellos, asociado a las cargas financieras que se asignan a los países desarrollados en tanto responsables del origen y agudización del calentamiento global debido a sus emisiones tóxicas durante décadas, lo que les exigiría asumir mayores responsabilidades en ese punto que los países en vías de desarrollo. El segundo se refiere al controvertido aspecto de la obligatoriedad de las naciones de someterse al arbitrio de acuerdos internacionales, lo cual, por ejemplo, para un país tan importante como Estados Unidos —no sólo por su hegemonía mundial sino porque es el segundo contaminador— está descartado, lo que obligaría a aceptar que los acuerdos sean refrendados por leyes nacionales.     

Como al momento de escribir este texto la cumbre no ha concluido, pero además porque no caben dudas de que el logro del acuerdo es sólo el primer paso, nos centraremos brevemente en el tema de los desafíos a superar y para ello, muchos problemas tienen que resolverse. Veamos algunos de los más evidentes: para que éste sea realmente de obligatorio cumplimiento, habría que definir sanciones para quienes no cumplan sus compromisos, pero además, ¿cuáles son los criterios para revisar y dar por cumplidos los compromisos?, ¿cuáles son las reglas para monitorear las emisiones?, ¿están los países en desarrollo en condiciones de usar adecuadamente los fondos que reciban para hacer frente al cambio climático? Cada decisión tiene el potencial de llevar a un estancamiento al tiempo que naciones y alianzas, desde los gigantes económicos hasta los pequeños países isleños, negocian ejerciendo sus cuotas de poder.

Obligatorios o no, ¿tienen los alrededor de 190 países la capacidad administrativa, los procesos e instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, como para producir cambios de largo plazo? Las experiencias más recientes muestran la difícil cohabitación de los objetivos de largo plazo con las urgencias económicas y los ciclos políticos. Adicionalmente, ¿está la gente realmente convencida de la necesidad urgente de que cada quien haga su aporte para enfrentar la amenaza?: a pesar de que ha sido convincentemente demostrado que la mitigación del cambio climático es, por mucho, la opción más barata comparada con adaptarse a los impactos, en el mundo entero, los recurrentes políticos populistas —tanto de derecha como de izquierda— hacen que la opinión pública se incline con frecuencia hacia el cortoplacismo, sin pensar en los derechos de las generaciones futuras a vivir en un planeta limpio.

Las respuestas a éstas y a otras muchas inquietudes tomarán tiempo, pero de ellas dependerá que logremos efectivamente asumir el más grande desafío de la humanidad: el compromiso global —político, económico y cultural— de construir juntos el futuro.

Fernando Travieso

Magaly Irady